El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de julio de 2013 por el que el Gobierno reguló la concesión de subvenciones a las ONG de ámbito estatal.
El Tribunal da a sí la razón a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña, que viene reclamando desde hace tiempo la total y absoluta competencia sobre los problemas sociales en lo que respecta a su territorio.
Esta sentencia pone en peligro la atención a las personas discapacitadas que ofrecen las entidades de ámbito estatal. El tejido solidario del estado español es muy difícil de atender si no hay organizaciones que puedan prestart servicios sin las limitaciones del mapa autonómico.
Así se han manifestado masivamente las diferentes organizaciones estatales:
Dolores Romero, en el acto de celebración del día de la sordoceguera, alertaba sobre este problema, diciendo que, si bien España tiene los mejores profesionales de atención a la sordoceguera, la atención prestada por las asociaciones corre un serio peligro, si no se soluciona el problema dejado por la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto que regula las subvenciones a ONG de ámbito estatal.
El propio Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también ha mostrado su preocupación y su desacuerdo con la sentencia, ya que considera que “el Tercer Sector es fundamental para la vertebración social en España”.
Desde APASCIDE nos sumamos al malestar que han expresado tantas entidades estatales, y sentimos que esta sentencia es tremendamente injusta, especialmente con las que padecen discapacidades o enfermedades minoritarias. Se podrían mantener programas solo en comunidades autónomas lo suficientemente grandes, mientras que en otras no tendrían ninguna posibilidad. Además de lo costoso que sería crear organizaciones en cada autonomía para cada discapacidad o enfermedad minoritaria.
Esperemos que se encuentre una solución.
